INFORMACIÓN PREVIA AL USO DEL CANAL INTERNO DE DENUNCIAS.
La Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, indica en su preámbulo que la colaboración ciudadana resulta indispensable para la eficacia del Derecho. Tal colaboración no sólo se manifiesta en el correcto cumplimiento personal de las obligaciones que a cada uno corresponden, sino que también se extiende al compromiso colectivo con el buen funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. Dicha colaboración ciudadana es un elemento clave en nuestro Estado de Derecho.
Consecuentemente con ello la finalidad de la norma es proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos que la propia Ley regula.
El régimen jurídico del Sistema Interno de Información está constituido tanto por el “canal”, entendido como buzón o cauce para recepción de la información, como al Responsable del Sistema y el propio procedimiento.
El sistema ha de permitir y permite la comunicación anónima; es más la Directiva establece como principio general el deber de mantener al informante en el anonimato. Sin embargo, y como es lógico, este pilar se exceptúa cuando o bien la norma nacional prevé revelarlo, o bien se solicita en el marco de un proceso judicial, lo que puede ocurrir por la decisión del juzgador de conocer la identidad de quien denunció, para garantizar el derecho de defensa del denunciado.
Al hacer la comunicación, el informante podrá indicar un domicilio, correo electrónico o lugar seguro a efectos de recibir las comunicaciones.
Las comunicaciones verbales, incluidas las realizadas a través de reunión presencial, telefónicamente o mediante el sistema de mensajería de voz, de documentarán de alguna de las maneras siguientes, previo consentimiento del informante:
a) mediante una grabación de la conversación
b) mediante una transcripción completa y exacta de la conversación realizada por el personal responsable de tratarla. En este caso se ofrecerá al informante la oportunidad de comprobar, rectificar y aceptar la transcripción.
¿DE QUÉ SE PUEDE INFORMAR A TRAVÉS DEL CANAL?
Se puede comunicar información sobre las infracciones previstas en el artículo 2 de la ley, es decir:
a) Cualesquiera acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea siempre que:
1.ª Entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, con independencia de la calificación que de las mismas realice el ordenamiento jurídico interno;
2.ª Afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); o
3.ª Incidan en el mercado interior, tal y como se contempla en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o con prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.
b) Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.
Este canal NO DEBE SER UTILIZADO para poner quejas contra médicos por su actuación profesional o trato a los pacientes. En tal caso, deberán dirigirse a RECLAMACIONES.
¿QUIENES PUEDEN USAR ESTE CANAL?
Todas las personas referidas en el artículo 3 Es decir, aquellas que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional.
El informante debe ser siempre de buena fe. La buena fe, la conciencia honesta de que se han producido o pueden producirse hechos graves perjudiciales constituye un requisito indispensable para la protección del informante.
Esa buena fe es la expresión de su comportamiento cívico y se contrapone a otras actuaciones que, por el contrario, resulta indispensable excluir de la protección, tales como la remisión de informaciones falsas o tergiversadas, así como aquellas que se han obtenido de manera ilícita.
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LAS INFORMACIONES:
Se enviará acuse de recibo de la comunicación al informante, en el plazo de siete días naturales siguientes a su recepción, salvo que ello pueda poner en peligro la confidencialidad de la comunicación.
El plazo máximo para dar respuesta a las actuaciones de investigación, será de tres meses a contar desde la recepción de la comunicación o, si no se remitió un acuse de recibo al informante, a tres meses a partir del vencimiento del plazo de siete días después de efectuarse la comunicación, salvo casos de especial complejidad que requieran una ampliación del plazo, en cuyo caso, este podrá extenderse hasta un máximo de otros tres meses adicionales.
Dentro del procedimiento se prevé expresamente de la posibilidad de mantener la comunicación con el informante y, si se considera necesario, solicitar a la persona informante algún tipo de información adicional.
Se garantiza el derecho de la persona afectada a que se le informe de las acciones u omisiones que se le atribuyen, y a ser oída en cualquier momento. Dicha comunicación tendrá lugar en el tiempo y forma que se considere adecuado para garantizar el buen fin de la investigación.
En todo el proceso se respetará escrupulosamente el derecho a la presunción de inocencia y al honor de las personas afectadas.
PROTECCION DE DATOS PERSONALES.
Se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, y en el presente título.
No se recopilarán datos personales cuya pertinencia no resulte manifiesta para tratar una información específica o, si se recopilan por accidente, se eliminarán sin dilación indebida.
Ver política de Protección de datos en el pdf.